El Ministerio Salvadoreño de Defensa puso a disposición del 12º
segundo juzgado de paz de San Salvador a los 9 militares que se
entregaron el domingo 7 de agosto, involucrados en el asesinato de 6
sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA) perpetrado en esta capital el 16 de noviembre de 1989.
Según señala la agencia EFE, los militares se entregaron ante su
inminente captura por parte de la Policía tras la orden internacional
emitida por el juez español Eloy Velasco el pasado 30 de mayo.
El titular del juzgado salvadoreño, Carlos Calderón, explicó que
enviará un informe a la Corte Suprema de Justicia para que "decida si
procede o no la extradición" de los procesados, "y asigne así a un juez
que materialice" su posible entrega a España.
Los que se han entregado son los generales Rafael Humberto Larios y
Juan Rafael Bustillo; Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda y
Mariano Amaya Grimaldi. También están José Ricardo Espinoza Guerra,
Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate
Castillo.
La orden de captura incluía también al general René Emilio Ponce,
quien falleció en mayo pasado tras una operación al corazón en la
capital salvadoreña.
Los sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en noviembre de 1989
fueron el entonces rector de la UCA, P. Ignacio Ellacuría, el
vicerrector P. Ignacio Martín Baró, el director del Instituto de
Derechos Humanos de la UCA, P. Segundo Montes, Joaquín López y López,
Juan Ramón Moreno y Amando López.
También fueron ultimadas la cocinera de la residencia de los
jesuitas, la señora Julia Elba Ramos y su hija Celina Meredith Ramos, de
15 años de edad.
El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA por sus siglas en
inglés) sostiene que la noche del 15 de noviembre de 1989, el general
Ponce, en presencia de varios mandos militares "ordenó al coronel
(Guillermo Alfredo) Benavides asesinar al padre Ellacuría y no dejar
testigos", según figura en el sitio web del CJA, que cita el informe de
la Comisión de la Verdad en El Salvador creada por la ONU.
Dos días antes del asesinato, el coronel Ponce ordenó un cateo en la
UCA porque tenía información sobre la infiltración en el campus de 200
miembros del entonces movimiento guerrillero Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN) y hoy partido político de izquierda que
hizo de la UCA su sede intelectual.
Según algunos analistas, el ejército salvadoreño, del que Ponce hacía
parte, consideraba esta casa de estudios como un "blanco militar
legítimo" no porque fuera un centro de propiedad de sacerdotes católicos
seguidores de la teología marxista de la liberación, sino porque en la
práctica era el lugar que funcionaba como sede de la inteligencia de la
guerrilla FMLN.
En declaraciones a ACI Prensa
el 5 de mayo, el Arzobispo Emérito de El Salvador, Mons. Fernando Sáenz
Lacalle, expresó su confianza en que la muerte del general Ponce no
convulsionará al país.
"No creo que la historia de El Salvador tenga absolutamente ninguna
clase de convulsión por el fallecimiento de este militar o de cualquier
otro militar pues al fin y al cabo no están en la cúpula del poder ni
están ejerciendo una influencia definitiva sobre la marcha del país",
indicó.
Además, explicó que El Salvador está superando las heridas de la
guerra civil que sacudió al país entre 1980 y 1992. "Se puede decir que
es un hecho que hay una libertad civil, una democracia evidente".
Fuente: aciprensa.com
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