Aclaración del cardenal Juan Luis Cipriani sobre los irrenunciables derechos humanos

Por: Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne

Arzobispo de Lima y Primado del Perú

Los derechos humanos son parte fundamental del mensaje cristiano, como consta en la doctrina de Santo Tomás de Aquino, y que de manera muy significativa desarrolló el Concilio Vaticano II. Ya Aristóteles los aludió en la Ética a Nicomaco y fue tema importante de la filosofía griega y de la rebelión popular de la plebe en Montesacro, Roma, hace 2.500 años.

En mi libro “Catecismo de Doctrina Social”, que publicó el Ateneo Latinoamericano, escribí en 1985 que “los derechos humanos son cualidades rectas y justas que tiene el hombre por su propia condición de persona”. Y añadía, entonces, que “como derechos naturales innatos –con los que el hombre nace, vive y muere–, tienen como fundamento la ley natural, impresa por Dios en la naturaleza humana, para que sea guía y norma de conducta en su vida temporal”.

Me desempeñé más de diez años como pastor en Ayacucho, centro de acción de Sendero Luminoso. En mi calidad de arzobispo, la revista “Caretas” me hizo un reportaje publicado el 14 de abril de 1994, en el que declaré, en lenguaje coloquial, que los derechos humanos son, en un sentido amplio, “el derecho a vivir en libertad, con educación, con trabajo y a actuar libremente”.

Hablando de la situación de Ayacucho, comenté al periodista que la Iglesia tenía en esa ciudad “varios programas de ayuda social y espiritual con los sectores más pobres” y los enumeraba. Terminada la entrevista, acompañé al corresponsal a la puerta de mi casa y, off the record, le dije: “Y durante ese tiempo no he visto a los de la Coordinadora de Derechos Humanos”. Refiriéndome a esa coordinadora –no a los derechos humanos, por supuesto– añadí, con el lenguaje de batalla fuerte de los deportistas: “¡esa…!”. El periodista grabó, sin decírmelo, de manera desleal, ese comentario suelto, confidencial y lo puso al final de su nota.

Sin embargo, y pese a las múltiples aclaraciones hechas desde entonces, quienes no quieren aceptar la verdad continúan con la calumnia de que yo me expresé despectivamente de los derechos humanos, lo que no es cierto. Lamento que, en unas declaraciones al diario “La Vanguardia” de Barcelona, España, nuestro ilustre literato Mario Vargas Llosa, malévolamente informado, haya repetido esa infame falsedad.

En los días previos a la primera vuelta electoral he recibido en mi casa a los candidatos a la Presidencia de la República. Conversé con igual franqueza con Ollanta Humala y su esposa y con Keiko Fujimori, que vino acompañada por Jaime Yoshiyama. Tratamos cordialmente temas de moral, no de política. Como peruano, no pertenezco ni he pertenecido nunca a un partido político. No soy humalista ni fujimorista, ni he sido nunca “cómplice declarado de la dictadura”, como ha afirmado nuestro premio Nobel. Conocí al presidente Alberto Fujimori y compartí con él la preocupación de todos por la pacificación del país; y, por encargo de la Santa Sede, fui representante de la Iglesia en el caso de los rehenes de la residencia del embajador japonés, lo que me llevó a entrevistarme varias veces con él. La democracia política tiene sus normas, el Estado de derecho su marco y la responsabilidad ciudadana su libertad. A ella me atengo, como pastor de almas.

Me han reprochado algunos –también Mario Vargas Llosa– que me haya supuestamente callado cuando esterilizaron a 300.000 mujeres en la sierra durante el segundo gobierno de Fujimori. Nada más falso. No solamente discrepé con el presidente todas las veces que tuve la oportunidad de hacerlo. No solamente le dije que estaba haciendo mal y que no siguiera haciéndolo, sino que, ante una pregunta de un periodista en una entrevista televisada, afirmé públicamente que Fujimori estaba equivocado en esa política y que ya se lo había dicho. Igualmente, le he comentado al presidente Alan García que la política de salud del actual ministro de ese portafolio está reñida con la moral natural en lo concerniente al aborto. A diferencia de otras autoridades, es necesario que el arzobispo de Lima mantenga una relación cordial y firme con el presidente. El que comenzará a gobernar en las próximas Fiestas Patrias será mi quinto vecino.

Soy peruano con DNI, soy numerario del Opus Dei y soy arzobispo de Lima. Cada calidad tiene su ámbito, no hay interferencias. La manipulación mediática y la manera de decir las cosas puede llevar intencionalmente a confusión. Como ciudadano, ejerzo libremente mi derecho al voto; como miembro del Opus Dei –prelatura fundada por San Josemaría Escrivá y bendecida por todos los pontífices, desde su creación en 1928–, participo en los medios de formación que brinda a sus fieles, y como arzobispo y cardenal obedezco únicamente al Santo Padre, el papa Benedicto XVI. En el gobierno de la Arquidiócesis de Lima no me une ligazón alguna con los directivos del Opus Dei.

Frente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales reitero la libertad que tienen los católicos de votar responsablemente por el candidato que les ofrezca más garantías y credibilidad de trabajar desinteresadamente por el bien común del país. Insisto en el respeto a los derechos humanos, como enseña la Iglesia, que entiende que el ser humano es la única creatura que tiene un fin por sí mismo, y rechazo todo lenguaje mendaz, que ofende la dignidad y la inteligencia de los electores.

Aprovecho la oportunidad para transmitir la bendición apostólica que Su Santidad Benedicto XVI envió hace unos días a todos los peruanos, en la audiencia que tuvo la amabilidad de concederme.

Por mi parte, llevaré a Roma el cariño que los católicos peruanos tenemos al papa Juan Pablo II, uniéndome a mis hermanos del Colegio Cardenalicio en la ceremonia de beatificación que tendrá lugar hoy, para gozo y edificación de toda la cristiandad.

* Artículo publicado en El Comercio, domingo 01 de mayo de 2011

* Ver especial web - caso esterilizaciones

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Derecho y vida humana

Una encrucijada sangrienta

Rafael Navarro-Valls

MADRID, miércoles 2 noviembre 2011 (ZENIT.org).- Ofrecemos una nueva contribución en nuestra sección Observatorio Jurídico, sobre libertad, cuestiones relacionadas con los derechos humanos y su relación con la antropología y la fe cristianas, que dirige el español Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

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La cuestión del aborto es hoy la “encrucijada sangrienta” de la política y del derecho. Una cuestión donde se entrelazan posiciones enfrentadas sobre la liberación judicial, la liberación sexual, la liberalización de la conciencia humana y la liberación de la mujer. 

Después de una etapa de reivindicación de un supuesto derecho al aborto --vagamente  entrevisto, dicen, “en la penumbra de la constituciones”-  la izquierda americana comenzó a distanciarse de un cierto “racismo cromosómico” de algunos de sus colegas europeos. Esto se explica por el hecho de que Estados Unidos lanzó durante más de doscientos años una ofensiva sin precedentes a favor de los más débiles: liberó a los esclavos, potenció los derechos civiles y desarrolló un sistema único de atención a los discapacitados y de discriminación positiva a favor de los más necesitados. La brutal liberalización del aborto de 1973, realizada por el Tribunal Supremo de EE.UU. con la sentencia Ros versus Wade era contradictoria, con un pasado jurídicamente volcado hacia la vida humana. Tal vez por eso, el Tribunal Supremo comenzó a partir de los 90 a distanciarse de Roe, tutelando el derecho de los estados a restringir el aborto legal.

Cuatro sentencias más o menos recientes muestran un cierto acercamiento entre la jurisprudencia americana y la europea, es decir, una tendencia marcada hacia la tutela de la vida humana, tanto en USA como en Europa.  

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La primera es la dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18 octubre 2011) prohibiendo patentar células y líneas celulares obtenidas de embriones humanos. Viene a recoger, en sus líneas generales, los criterios defendidos por el abogado general del tribunal: las células en primer estadio de un cuerpo humano en desarrollo deben clasificarse como embriones y por lo tanto no patentables; tal definición se refiere tanto a ovocitos en los que se trasplante un núcleo de célula madura (clonación) como a células obtenidas de ovocitos por estimulación (partenogénesis); el estadio de blastocito también debe ser clasificado como embrión.

De este modo, el principio de la dignidad humana de la directiva 98/44 de la UE, que “prohíbe el uso de embriones humanos con fines comerciales e industriales” es un principio que hay que aplicar no sólo en una persona humana adulta y en un neonato, sino también en el cuerpo humano desde su primer estadio de desarrollo.

Se entiende así, que toda la materia  biomédica y genética sea un campo especialmente propicio para la proliferación de las objeciones de conciencia, precisamente por el conjunto de importantes valores que en él confluyen, así como la pluralidad de perspectivas éticas desde las que es susceptible.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Suprema de Mexico

El segundo pronunciamiento que aborda el problema de las prácticas abortivas y el derecho a la vida es la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (16 diciembre 2010). Los antecedentes son: Tres mujeres irlandesas (con identidad oculta bajo las letras A, B y C) deciden trasladarse al Reino Unido para abortar, a la vista de las restricciones de la ley. Con posterioridad, demandan a Irlanda ante el TEDH, aduciendo que con las restricciones de su país se violaba ”su derecho a la vida privada”. El Tribunal, desde luego reconociendo un amplio campo a la privacyde las mujeres, no incluye en él estrictamente un “derecho al aborto”, entre otras razones porque el derecho de la mujer ha de ser ponderado teniendo en cuenta la existencia de otros derechos y libertades en juego, en particular, los del concebido y no nacido, también protegido por el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

En otras palabras, puede permitirse el aborto en determinados casos, pero ello no supone un derecho a abortar. Por decirlo en palabras de la sentencia: “no toda regulación de la interrupción del embarazo constituye una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada de la madre”.

De algún modo, una reciente resolución de la Corte Suprema de México (29 septiembre 2011), transita por los mismos senderos de la que acabamos de resumir. En México 18 estados (Chiapas, Veracruz, Querétaro, Chihuahua, Campeche, Colima, Puebla, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Yucatán, Sonora, Morelos, Oaxaca, Baja California y San Luis Potosí) han blindado sus constituciones estableciendo una vigorosa protección jurídica de la vida. No se olvide que México está constituido por 31 estados y un Distrito Federal, y que cada estado posee su propio código penal. En 2007 el Distrito Federal legalizó el aborto hasta los tres meses de embarazo, a pesar que en México la mayoría del pueblo es contraria al aborto. Esta reforma fue declarada constitucional por la sentencia de 29 agosto de 2008 de la Corte Suprema de México.

Basándose en esta última sentencia, fue planteada ante la Corte Suprema la posible inconstitucionalidad de la ley de Baja California, que protege al ser humano desde su concepción. La Corte, sin embargo, avaló la reforma provida del estado de Baja California, ya que los magistrados (ministros, en la terminología mexicana) que querían anularla no alcanzaron la mayoría cualificada necesaria. Como ha dicho el profesor Soberanes al comentar estas últimas sentencias “la complejidad de los casos en que entran en conflicto los derechos no puede resolverse de la forma simplista, consistente en negar el carácter de derecho a uno de esos (el derecho a la vida) o en eliminarlo simple y llanamente. Anular un derecho para todos los supuestos por el simple hecho de que interfiere con otro, en un supuesto en concreto, es generalizar. Y toda generalización es una reducción”.

Tribunal Supremo de Alabama

La cuarta sentencia a la que deseo referirme, es la de la Corte Suprema de Alabama (9 septiembre 2011), que amplió la protección legal para el embrión y/o el feto, al determinar que la Ley de Alabama sobre homicidio culposo se puede  aplicar a un niño no nacido en cualquier etapa de desarrollo. El supuesto de hecho es el siguiente. April Mack tenía 12 semanas de embarazo en septiembre de 2007, cuando ella y su novio tuvieron un accidente automovilístico que más tarde le provocó un aborto involuntario de su hijo por nacer. April demandó a los culpables del accidente por los daños que le provocó el incidente, pero también por el homicidio culposo de su hijo por nacer. Un juez del condado de Jefferson desestimó el caso del bebé Mack, y determinó que el feto no gozaba de la protección jurídica de la ley de homicidio culposo, ya que no podría sobrevivir fuera del útero. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Alabama, donde los jueces por unanimidad revocaron la sentencia de primera instancia. El Tribunal sostuvo que la ley se aplica por homicidio culposo para el feto en cualquier etapa de desarrollo

Con esta decisión Alabama se convierte en el décimo estado americano que castiga el homicidio culposo de una persona no nacida, independientemente de su viabilidad fuera del útero materno.

“Esta es mi vida eterna”

Lo que vienen implícitamente a reconocer las  sentencias reseñadas es que la vida humana tiene una extraordinaria seriedad, especialmente en la sociedad secularizada, precisamente porque es la única vida que cuenta para muchos. Al haberse oscurecido la fe en otra vida ultraterrena (“ésta de aquí es mi vida eterna”, dicen los no creyentes), el avance de legislaciones que la hieren en su inicio o en su ocaso es una paradoja que, como ha observado D´Agostino, contradice la propia imagen que el hombre de la postmodernidad ha construido de sí mismo. Tal vez por eso están apareciendo cada vez con más frecuencia los “nuevos herejes de la izquierda”: pacifistas, ecologistas, feministas, “agnósticos de toda la vida”, que, consternados por la matanza de unos 40 millones de niños al año, de pronto, se convierten en pro-vida. La particular odisea de Norma MCCorvey (alias Jean Roe, la heroína  prochoice americana) fue todo un ejemplo. A los 49 años, después de ser una activista incansable pro aborto, decidió que había sido manipulada durante 25 años: hoy es una pro-vida de primera línea.

Poco a poco parece que los Tribunales –en uno y otro lado del Atlántico-  van contemplando las relaciones entre el derecho y la vida humana con mayor rigor y equilibrio, sin los simplistas planteamientos que conducían a “desequilibrar” la balanza de los derechos a favor de la mujer y contra el no nacido.

zenit.org

España: Piden que la ONU reconozca vulneración de derechos paternos

Presentado a ECOSOC un informe sobre Educación para la Ciudadanía

La semana pasada se celebró en Ginebra, Suiza, la cumbre del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), una serie de sesiones de alto nivel a la que acuden algunos jefes de Estado, representantes de diversos países y ONGs.

La cumbre incluyó también sesiones sobre el Examen Ministerial Anual y uno de sus capítulos trata  de la Aplicación de los objetivos y compromisos convenidos internacionalmente con respecto a la educación.

En este contexto, la asociación Profesionales por la Ética, en colaboración con Concerned Women for America, ha presentado un escrito que denuncia la vulneración delos derechos de los padres de la versión española de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, y solicita al ECOSOC una declaración que reconozca que estas materias escolares incumplen la legislación europea e internacional, concretamente los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.

“Es una labor a medio y largo plazo --explica Leonor Tamayo, coordinadora del Área Internacional de Profesionales por la Ética--. El conflicto provocado por la imposición de Educación para la Ciudadanía en España no solamente ha sido denunciado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sino también en foros internacionales como el Parlamento Europeo o la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y diversas instituciones y Agencias vinculadas a la ONU”.

Con estas denuncias, añadió, “nos unimos a una corriente en defensa de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona que está empezando a emerger en Europa. Confiamos en que estas acciones acaben obligando al actual Gobierno español o al siguiente a eliminar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía del curriculum escolar”.

Fuente: www.zenit.org