Más de 400 organizaciones de la sociedad civil afirmaron que la
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de
respetar el blindaje a la vida en los estados de Baja California y San Luis de Potosí va de acuerdo al Estado de Derecho, pues se apegó a las leyes mexicanas que protegen al concebido.
"En un Estado de Derecho la vigencia y el apego a la ley es
obligación y responsabilidad para todos, sin excepción", afirmaron en un
comunicado publicado el 3 de octubre en los diarios Excélsior, Milenio y
La Jornada.
Recordaron que la Constitución federal y los tratados internacionales
firmados por México reconocen y garantizan el derecho a la vida, y por
tanto los congresos locales pueden legislar en esta materia y señalar
que la vida humana debe ser protegida desde la concepción.
Asimismo, aclararon que las reformas a favor de la vida "conservan
las excusas absolutorias establecidas en los códigos penales" y evitan
que una mujer que "comete un aborto bajo dichas causales" sea sancionada penalmente.
Por ello, destacaron la congruencia con que actuaron los ministros de
la SCJN que evitaron que se invalidaran las reformas de Baja California
y San Luis Potosí.
"En el 2008 y ahora en 2011 la ministra Margarita Luna Ramos votó a
favor de la libertad de los Congresos locales de legislar en esta
materia, en tanto que los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y
Guillermo Ortiz Mayagoitia, entonces y ahora, votaron a favor del
Derecho a la Vida, posición a la que se sumó, con contundentes
argumentos jurídicos, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo",
recordaron.
El texto afirmó que "el derecho a la vida desde su inicio en la
concepción/fecundación no daña ni excluye ningún derecho de las Mujeres.
Por el contrario, la esencia de las reformas es brindar protección a la Mujer y seguridad a sus Hijas e Hijos por nacer".
aciprensa.com
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